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Y por eso es que la EFF (Electronic Frontier Foundation, organización que se dedica a “defender los derechos de la gente en el mundo digital”) ha solicitado formalmente a una corte estadounidense que se le devuelvan a Kyle Goodwin todos los archivos que tenía almacenados en los servidores de Megaupload. Goodwin es un reportero de deportes escolares de Ohio que usaba el servicio como una copia de sus almacenamientos personales, y pagó cerca de USD $107 por una membresía premium de dos años.
Obviamente que con el cierre de Megaupload, perdió todos sus archivos de video, y el asunto toma peor color todavía cuando sus discos de respaldo físico dejaron de funcionar. Y si bien a la empresa que arrienda los servidores a Megaupload -Carpathia- se le dió vía libre para borrar el contenido almacenado en sus equipos, ya se han tomado algunas medidas en pos permitir que usuarios libres de polvo y paja puedan recuperar sus archivos.
“El Sr. Goodwin ha sufrido una pérdida importante para su negocio, aún cuando no cometió falta alguna. Los usuarios inocentes de Megaupload merecen una oportunidad para recuperar sus datos antes de que estos se pierdan para siempre”, indica el informe de la EFF. Y de ahora en adelante, sería bastante extraño que el caso se resuelva de modo poco satisfactorio para miles de usuarios que simplemente tenían respaldos personales en el servicio.
Dio igual los miles de opositores que se encontró en el camino durante el debate que ha tenido en los últimos meses, también que choque contra las últimas sentencias del Tribunal de la UE. Desde hace unas horas, la regulación conocida como la SOPA de Irlanda, aquella que permite a los titulares de derechos de autor obligar a los proveedores de Internet a bloquear los sitios web que crean, se ha aprobado como nueva legislación. La industria de Estados Unidos consigue introducir en Europa lo que no ha podido en su propio país.
Y es que parece que las presiones de la industria del entretenimiento, incluida la demanda de la propia EMI contra el gobierno irlandés en enero por no llevar adelante una ley que de plenos poderes a los titulares, finalmente ha dado resultado.
Tal y como ha quedado redactada y si hacemos caso a las palabras del ministro en Investigación e Innovación en el país, Sean Sherlock, lo que tenemos es una ley aprobada que luego se debatirá. Primero se da plenos poderes y luego ya se piensa si está bien o mal o si como “muchos” dicen, causará estragos sobre la innovación y los nuevos negocios en la red.
La nueva legislación permite que los titulares decidan sobre los ISPs permitiéndoles obtener una orden judicial contra aquellos supuestos sitios que consideren infractores delcopyright. Un instrumento legal que permitirá que los titulares busquen todo tipo de mandamientos judiciales contra las empresas que consideren oportunas a través de los proveedores.
Una de las plataformas más activas en el país que ha estado luchando contra su aprobación fue Stop SOPA Ireland, grupo que desde hace unas horas ha dejado claro en lo que se convertirá el espacio digital en el país:
Podemos esperar que la industria de la música inicie de inmediato la búsqueda de medidas cautelares contra los ISPs para que bloqueen el acceso a partes de la red. Podemos esperar lo peor.
Mientras, Sean Sherlock insiste en que esta versión final del proyecto de ley es mucho más limitada que las propuestas anteriores además de acercarse a la postura del Tribunal de la UE y las recientes sentencias que indicaban que un proveedor no puede ser parte proactivo sobre el bloqueo.
Parecería por tanto que choca frontalmente la nueva ley con la UE, y es por esa razón por la que se incluye que los titulares “puedan” solicitar la fuerza de los ISPs a través de una orden judicial. Orden que deberá darse en todos los casos si es “justo y proporcionado”.
¿Y qué es justo y proporcionado? Aquí está la clave seguramente. Podemos imaginarnos que la industria tiene preparado todo tipo de demandas con estudios, rastreos y técnicas antipiratería para las denuncias, posiblemente con ellas y sin un estudio anterior (ni juicio) los jueces darán plenas potestad para ordenar a que los proveedores actúen.
Sean Sherlock, tras aprobarse la nueva legislación y ver el descontento generalizado, ha hablado de una revisión de los términos del copyright en el país:
El Tribunal Superior tiene ahora una orientación importante para aplicar la medida. La Corte asegurará que toda medida apoye a los proveedores para llevar a cabo sus negocios. Deberán asegurarse de que las medidas aplicadas son justas y no innecesariamente complicadas.Ahora es importante que todas las partes interesadas se reúnan y trabajen de manera conjunta y constructiva para trazar el camino sobre el copyright. Es importante que la legislación aprobada sea estudiada por todas las partes interesadas, que se eliminen las barreras a la innovación que atañen a los derechos de autor.
Quizá hubiese sido mejor consultar y debatir antes de aprobar una ley así. Hablar de innovación cuando se acaba de aprobar una propuesta similar a SOPA resulta ridículo. La censura se instala en Europa con una ley que llega desde Estados Unidos, país donde ni siquiera se ha podido aprobar, pero que como vemos, su potente industria es capaz de llevarla a otro continente.
Llega el mes de marzo y con él la terrible fecha que los internautas esperábamos: La entrada en vigor de la Ley Antidescargas, que permitirá el cierre de Webs que compartan enlaces a contenidos protegidos por derechos de autor.
Así, tras dos años de debate, la criticada ley comenzará a aplicarse, y ya se habla de los primeros cierres de sitios Web que llegarán a finales de este mismo mes.
Visto lo visto, de poco han servido las insistentes muestres de rechazo por parte de los colectivos de internautas que se oponían a tal norma, que incluso han señalado como un instrumento de represión y censura de la libertad en la Red.
Y es como recordaréis, la Ley Antidescargas establece la formación de una “Comisión Propiedad Intelectual” que tiene como misión el determinar qué sitios Web “vulneran los derechos de autor”, con la intención de comenzar el procedimiento correspondiente para su cierre, en un plazo que estimado de 10 días, aunque entre apelaciones y demás, el plazo puede tomar un poco más.
¿Qué debemos esperar en los próximos días? Protestas no faltarán, de seguro. Alguna acción de Anonymous también se asoma en el horizonte. Y el comienzo de la cacería de brujas, de la represión, del acoso a Webs que compartan enlaces: Ya sabemos que al menos hay unas 122 Webs que están en la “lista negra de Sinde” y que contra ellas comenzarán los primeros procedimientos y amenazas de cierre.
Es cuestión de tiempo. Igualmente, es cuestión de tiempo que se hagan cada vez más populares nuevas formas de distribución libre del contenido a través de la Red, como Sindeclon o Cuélgame, de las que antes os he hablado por aquí.
Horas complicadas las que están por venir, pues recordemos que hace unas semanas desde la Asociación de Internautas presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de España solicitando la suspensión cautelar del Reglamento de la Ley Sinde, pues rechazan que la “Comisión de Propiedad Intelectual” asuma entre sus funciones “competencias asignadas a los jueces por Ley”.
El Tribunal Supremo aceptó entonces que revisará la denuncia de la Asociación de Internautas, y aún lo está haciendo… Esto en principio podemos verlo como un buen síntoma, aunque el Ministro de Educación, Cultura y Deportes español, José Ignacio Wert (el sustituto de Ángeles González-Sinde, cuyo apellido sirve de “apodo” a la Ley Antidescargas), desestimó que la sentencia del Tribunal Supremo pudiera evitar el cierre de las Webs: “La decisión del Supremo no impedirá que entre en vigor la ley Sinde”, dijo en su momento, asegurando que en la norma antidescargas se establece “un sistema mixto, administrativo y judicial, que prevé la intervención de la jurisdicción contencioso administrativa”.
Como veréis, negro pinta el panorama de la Web en España. Y es que aunque sabemos que esta Ley represiva no será efectiva para evitar que los internautas continuemos compartiendo contenidos por vías alternas, el hecho es que se ratifica nuevamente que los políticos sirven a los intereses de las grandes industrias, como la del entretenimiento por ejemplo en este caso, aunque ello conlleve el pisotear los derechos de los ciudadanos al acceso libre de la información, el conocimiento y la cultura. Triste. Muy triste.
